Crédito internacional destinado a conectividad rural eleva el endeudamiento externo
El Congreso de la República aprobó un préstamo por US$400 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir, orientado a mejorar la conectividad y el desarrollo de comunidades rurales en el país.
El decreto que respalda este financiamiento fue publicado este 15 de diciembre en el Diario de Centro América, con lo cual entró en vigencia y faculta al Ejecutivo a concretar la operación de crédito.
De acuerdo con lo establecido, el programa tiene como objetivo fortalecer la red de carreteras rurales y facilitar la conexión de zonas alejadas con mercados, servicios básicos y centros urbanos.
Las autoridades han señalado que la iniciativa forma parte de la política general de gobierno y de los planes de recuperación económica, con el propósito de reducir brechas territoriales y ampliar las oportunidades productivas y sociales en el área rural.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) será el encargado de ejecutar el programa y de cumplir con las condiciones técnicas y financieras pactadas con el BIRF.
Según el convenio aprobado, el préstamo contará con un plazo de hasta 31.5 años, incluyendo un período de gracia inicial, además de comisiones e intereses establecidos en las cláusulas contractuales.
¿Más deuda o más desarrollo? Crédito del BID impulsará obras viales aprobadas por el Congreso
Entre los principales alcances del programa se contempla la rehabilitación, mejoramiento y construcción de carreteras rurales, así como la edificación y mejora de puentes, obras de drenaje y acciones orientadas a reforzar la seguridad vial. Asimismo, el proyecto incorpora componentes para fortalecer la gestión institucional del CIV, mejorar la planificación y garantizar el mantenimiento de la red vial en el mediano y largo plazo.
El decreto que autoriza el préstamo fue emitido por el Organismo Legislativo y, tras cumplir con el proceso de sanción, promulgación y publicación oficial, quedó habilitado su cumplimiento.
