Consejos de desarrollo ¿motor de progreso o terreno fértil para malos manejos?
El reciente debate en el Congreso de la República sobre el presupuesto nacional y el manejo de los consejos de desarrollo ha despertado preocupación en distintos sectores, debido a los posibles riesgos para la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, expresó que los cambios aprobados ponen en duda la rendición de cuentas y pueden abrir la puerta a prácticas de corrupción.
Según el analista, uno de los aspectos más delicados es la disposición que permite trasladar automáticamente los fondos no ejecutados de un año a otro, lo que, en su criterio, vulnera el principio de anualidad presupuestaria y limita el control ciudadano sobre el gasto.
A ello se suma la creciente importancia de los consejos de desarrollo, que son mecanismos fundamentales para que las comunidades definan proyectos prioritarios. No obstante, sin controles adecuados, estos fondos podrían destinarse a obras irrelevantes o convertirse en instrumentos de clientelismo político.
Boteo subrayó que el presupuesto asignado a los consejos de desarrollo ha crecido de forma acelerada, pasando de 3,500 millones de quetzales a más de 12,000 millones en apenas un año. Este incremento, impulsado por negociaciones políticas en el Congreso, representa una cantidad significativa de recursos cuyo mal uso tendría un impacto directo en el bienestar de la población.
En este contexto, la decisión del presidente respecto a sancionar o vetar el decreto se convierte en un punto crucial. Para Boteo, aprobarlo sin observaciones enviaría una señal negativa sobre el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la corrupción, mientras que un veto representaría una oportunidad para replantear las reglas de asignación y control de los fondos.
El debate sobre el presupuesto y los consejos de desarrollo pone de relieve la necesidad de mayor vigilancia ciudadana y de una discusión profunda sobre la manera en que se utilizan los recursos del Estado.
Lo que está en juego no es solo el destino de miles de millones de quetzales, sino también la confianza en las instituciones y la capacidad del país de garantizar que el gasto público se traduzca en desarrollo real para las comunidades.