viernes, 13 de febrero de 2026
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Congreso aprueba Ley de Competencia como urgencia nacional

20 de noviembre de 2024
Congreso aprueba Ley de Competencia como urgencia nacional

El Congreso de la República de Guatemala marcó un precedente histórico al aprobar de urgencia nacional la Ley de Competencia, contenida en el Decreto 32-2024, tras años de discusión y estancamiento legislativo.

Con el voto favorable de 122 diputados, esta normativa busca garantizar mercados más equitativos, prevenir prácticas desleales y fortalecer la economía del país mediante la defensa de la libre competencia.

Superintendencia de Competencia

La ley, que consta de 121 artículos, establece la creación de la Superintendencia de Competencia, una entidad encargada de monitorear el cumplimiento de la normativa, investigar posibles infracciones y aplicar sanciones.

Esta superintendencia contará con el respaldo de la Comisión de Competencia, adscrita al Ministerio de Economía, que gozará de autonomía técnica y funcional para desempeñar sus funciones.

Entre las acciones que se sancionarán están las prácticas de precios predatorios, que buscan eliminar competidores, y la imposición de condiciones discriminatorias entre proveedores o consumidores.

Las multas por violaciones a la ley podrían alcanzar los Q600 millones, dependiendo de la gravedad y reincidencia del caso.

La normativa busca evitar la formación de monopolios y oligopolios que perjudiquen la economía nacional.

Con la Ley de Competencia, se espera que los consumidores tengan acceso a una mayor variedad de productos y servicios a precios razonables, mientras que los productores podrán operar en un entorno de igualdad y sin restricciones impuestas por actores dominantes.

El artículo 39 establece que las sanciones económicas oscilarán entre Q1 mil y Q20 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, ajustándose según la gravedad del acto.

Además, se aplicarán intereses en caso de incumplimiento en los plazos de pago.

Nuevos retos para el mercado guatemalteco

El Directorio de la Comisión de Competencia, compuesto por representantes nombrados por el presidente, el Congreso y la Junta Monetaria, será clave en la implementación de la ley.

Este organismo no solo administrará el presupuesto de la comisión, sino que también garantizará el respeto a las garantías constitucionales de los investigados.

La Ley de Competencia fue presentada por primera vez hace ocho años, pero las negociaciones políticas y la falta de consenso habían retrasado su aprobación.

La reciente alineación entre diferentes bloques legislativos, incluidos el oficialismo y algunos partidos de oposición, permitió que esta iniciativa se convirtiera en una realidad.

El Movimiento Semilla, que anteriormente había impulsado una propuesta similar, reconoció los avances logrados con esta versión, aunque subrayó la importancia de vigilar su correcta implementación para garantizar su eficacia.

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