Con datos, pero sin acuerdo: el debate que marca el salario mínimo 2026
El Ejecutivo afina la definición del salario mínimo que regirá en 2026 mientras crece la expectativa sobre el rumbo que tomará la decisión.
En una reciente ronda con medios, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Gobierno se encuentra en la fase final de análisis, luego de haber evaluado por primera vez de forma sistemática los efectos del último ajuste salarial en la economía del país.
Según lo expuesto por el mandatario, el aumento al salario mínimo aprobado a finales de 2024 —y vigente durante 2025— fue objeto de un seguimiento técnico que permitió medir su impacto en variables como inflación, empleo y crecimiento económico.
Este ejercicio, que no se realizaba de manera estructurada en años anteriores, se convirtió en el principal insumo para la decisión que deberá anunciarse en las próximas semanas.
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— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) December 17, 2025
El proceso se da en un contexto marcado por la falta de acuerdos dentro de la Comisión Tripartita del Salario Mínimo, integrada por representantes del Estado, trabajadores y empleadores.
Tras varias sesiones, las posturas encontradas impidieron alcanzar un consenso, lo que trasladó nuevamente la responsabilidad de fijar el salario mínimo a la Presidencia de la República, conforme lo establece el Código de Trabajo.
La normativa laboral contempla este escenario y faculta al Ejecutivo a definir el ajuste mediante acuerdo gubernativo cuando no hay resolución conjunta, siempre que la decisión se base en estudios técnicos y económicos.
En ese marco, el Gobierno asegura que el análisis incluye tanto datos locales como referencias internacionales.
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El plazo legal para oficializar el nuevo salario mínimo vence el 31 de diciembre, por lo que el anuncio deberá realizarse antes de cerrar el año.
Mientras tanto, el debate se mantiene abierto entre quienes advierten riesgos para el empleo y la competitividad, y quienes consideran insuficiente el ingreso mínimo frente al costo de vida.
El antecedente inmediato es el ajuste aplicado para 2025, que estableció un aumento del 10 % para las actividades agrícolas y no agrícolas, y del 6 % para el sector de maquila y exportación.
Ahora, con datos en mano y sin consenso tripartito, la decisión final vuelve a concentrarse en el Ejecutivo, en medio de expectativas y cuestionamientos desde distintos sectores.
