¿Cómo pagó la multa de 245 mil quetzales la nueva ministra del MAGA?
La nueva Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), María Fernanda Rivera, reveló que pagó de su propio bolsillo multas por 245 mil quetzales impuestas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) para poder asumir el cargo ministerial, afirmando que «el servicio que uno puede hacer desde estos espacios es mucho más importante que cualquier otra consideración personal».
En una entrevista en La Red 106.1, Rivera abordó abiertamente el tema de las sanciones que enfrentaba por parte del ente contralor, explicando que decidió pagar las multas ante la premura de su nombramiento, aunque consideraba que muchas de ellas eran «subsanables» e incluso «bastante ridículas».
«Estas multas las pagué, pero también me quitaron una serie de sanciones por las que incluso se habían planteado inconstitucionalidades de parte de otras personas, y que eran cobros que no debían estar ahí», explicó la ministra, quien atribuyó estas sanciones a presiones políticas durante un período específico en que la Contraloría «confirmó todos los hallazgos de todo el mundo, no solo los míos».
Según relató Rivera, las sanciones correspondían a los años 2014-2015, un período que coincide con la crisis política que vivió Guatemala tras el destape de casos de corrupción que llevaron a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La ministra afirmó que en ese momento no tenía planes de regresar a la administración pública, por lo que había considerado seguir un procedimiento administrativo para impugnar las sanciones. Sin embargo, ante la oportunidad de asumir el cargo en el MAGA, optó por pagar las multas con fondos provenientes de «las empresas que hemos tenido en la familia, algunas hasta más de 60 años».
«Ante la premura de que esto era urgente, tomé la decisión de, en lugar de hacer el otro procedimiento administrativo, pagar las sanciones», explicó Rivera, quien aseguró que lo hizo «con mis fondos, para no tener que depender de nadie ni deberle a nadie».
Al ser consultada sobre si dudó en realizar este pago considerando que no tenía garantía de retorno sobre esa «inversión», Rivera reconoció que «dolió» pero insistió en que «el servicio que uno puede hacer desde estos espacios es mucho más importante que cualquier otra consideración personal para las personas que tomamos este paso de esa forma».
La situación de Rivera no es un caso aislado en Guatemala. En los últimos años, varios funcionarios y exfuncionarios públicos han enfrentado sanciones económicas por parte de la Contraloría General de Cuentas.
El MAGA, con un presupuesto anual que supera los 1,500 millones de quetzales, es uno de los ministerios clave para el desarrollo económico y social de Guatemala, especialmente considerando que cerca del 30% de la población económicamente activa del país depende directamente de actividades agrícolas para su subsistencia.