¿Cómo el Gobierno de Guatemala busca proteger a menores migrantes deportados?
El gobierno de Guatemala ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar el retorno de menores migrantes no acompañados que se encuentran en centros de atención en Estados Unidos, con el objetivo de que regresen al país antes de cumplir la mayoría de edad y evitar así que sean tratados como adultos en el proceso de repatriación, según informó el presidente Bernardo Arévalo.
Esta estrategia busca prevenir que estos jóvenes, al alcanzar los 18 años, sean trasladados a centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para posteriormente ser deportados bajo condiciones más severas que las aplicadas a menores de edad.
El mandatario guatemalteco señaló que este tema fue parte de las conversaciones sostenidas con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante su reciente visita a Guatemala. En este contexto, Arévalo reveló cifras preocupantes sobre la situación migratoria actual: hasta el 3 de julio del presente año, han sido retornados al territorio nacional 22,123 guatemaltecos, de los cuales 1,123 son niños y adolescentes.
«Esta iniciativa representa una alternativa legal, humana y viable para garantizar su regreso (de los menores) en condiciones de dignidad», afirmó Julio Saavedra, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que juega un papel fundamental en la implementación de esta estrategia.
Plan integral de nueve pasos
De acuerdo con Saavedra, la ruta de atención diseñada para estos menores está fundamentada en nueve pasos meticulosamente estructurados, que se centran en una perspectiva de derechos, autonomía y dignidad. Este protocolo abarca desde el aviso del regreso por parte de las autoridades migratorias hasta la reunificación efectiva con sus familias y comunidades.
Un elemento clave del plan es la identificación de necesidades de protección mediante abordajes psicosociales y procesos de sensibilización, reconociendo que muchos de estos menores han experimentado situaciones traumáticas durante su travesía migratoria o incluso antes de emprenderla.
El programa también contempla el abrigo temporal mediante una medida judicial para aquellos casos donde el retorno inmediato a sus hogares no sea viable o seguro. Además, se ha diseñado un componente de inclusión en programas sociales y educativos en coordinación interinstitucional, con el propósito de que estos jóvenes puedan construir un proyecto de vida sostenible en Guatemala y reducir así las probabilidades de que intenten migrar nuevamente.
Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, valoró positivamente la iniciativa de la PGN. «Aplaudo que fortalezcan los servicios, porque el Estado no siempre da toda la atención debida», señaló la académica.
No obstante, Roldán enfatizó la importancia de dar seguimiento a los casos una vez que los menores han regresado a sus comunidades. «Es importante que verifiquen en las comunidades de origen que realmente han sido incorporados con su familia y que exista un apoyo familiar», subrayó, destacando la necesidad de un enfoque integral que vaya más allá del momento de la repatriación.
Preocupación por impuesto a remesas
En otro frente relacionado con la migración, el presidente Arévalo expresó su respaldo a los connacionales que radican en Estados Unidos, manifestando preocupación por la creación de un impuesto del 1 por ciento a las remesas que envían a Guatemala.
El mandatario reveló que su administración ha mantenido un diálogo con el Congreso norteamericano para exponer las desventajas de esta medida fiscal, no solo para quienes envían y reciben estos recursos, sino para la economía en general. Arévalo señaló que la falta de oportunidades económicas es una de las causas estructurales que afectan en gran medida a la población guatemalteca y propician la migración.
Respaldando esta postura, Erick Coyoy, investigador del área económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, advirtió que dicho gravamen efectivamente tendría un impacto negativo al reducir el ingreso disponible de las familias receptoras de remesas, muchas de las cuales dependen fundamentalmente de estos recursos para cubrir sus necesidades básicas.
Las remesas representan uno de los pilares fundamentales de la economía guatemalteca, superando incluso a sectores tradicionales como la exportación de productos agrícolas. Cualquier medida que afecte este flujo de recursos tiene el potencial de impactar negativamente no solo a las familias receptoras sino al conjunto de la economía nacional.
Contexto de crisis migratoria
La iniciativa para facilitar el retorno de menores migrantes se enmarca en un contexto de crisis migratoria persistente en la región centroamericana. Guatemala, junto con Honduras y El Salvador, conforma el llamado Triángulo Norte, una de las regiones con mayor expulsión de migrantes hacia Estados Unidos.
Las causas de esta migración son multifactoriales e incluyen la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades laborales y educativas, así como los efectos cada vez más severos del cambio climático, que han afectado particularmente a las comunidades rurales dedicadas a la agricultura.
En este escenario complejo, la situación de los menores migrantes no acompañados representa uno de los aspectos más delicados de la crisis, ya que se trata de una población especialmente vulnerable que requiere protección especial tanto en los países de tránsito como en los de destino.
La iniciativa presentada por el gobierno guatemalteco busca abordar al menos una parte de esta problemática, ofreciendo una alternativa más humana y digna para el retorno de estos menores, aunque los expertos coinciden en que se requieren soluciones más estructurales que aborden las causas profundas de la migración para lograr resultados sostenibles a largo plazo.