¿Cómo beneficiaría a los gatemaltecos la nueva política migratoria?
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), bajo la dirección de Stuard Rodríguez y con la colaboración de la vicepresidenta Karin Herrera, ha anunciado la inminente implementación de una política migratoria integral.
Esta iniciativa busca abordar de manera conjunta el desafío que plantea el fenómeno migratorio y cuenta con la participación activa de más de 41 instituciones gubernamentales.
Stuard Rodríguez, director del IGM, destacó la importancia de la política migratoria como una herramienta clave para enfrentar eficazmente la situación.
«La política migratoria nos permite como Gobierno atacar este fenómeno con más de 41 instituciones. Somos parte de un todo y, como Gobierno, ahora tenemos medidas específicas para enfrentar este tema migratorio a nivel nacional», afirmó Rodríguez.
El director del IGM detalló que el siguiente paso crucial es la implementación y colaboración efectiva entre todas las instituciones involucradas.
«Es reunir a más de 41 instituciones, entender el fenómeno migratorio y comenzar a trabajar. Cada institución aportará su granito de arena para combatir este flujo masivo migratorio», agregó.
Con la política migratoria establecida como base, el enfoque se dirige ahora hacia la puesta en marcha de medidas específicas.
Rodríguez subrayó la importancia de que cada institución desempeñe un papel fundamental en este proceso.
«Ahora entramos en la fase de implementación, donde cada institución contribuirá con acciones concretas para abordar y combatir el fenómeno migratorio», afirmó.
Una parte esencial de la estrategia gubernamental es la comprensión profunda del fenómeno migratorio.
Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de analizar detalladamente las causas y efectos, asegurando que cada institución esté equipada para aportar soluciones efectivas.
El gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera ha manifestado de manera enfática la necesidad de abordar el desafío de la migración desde una perspectiva que priorice el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
En este nuevo enfoque, las instituciones gubernamentales deberán analizar cómo contribuir al tratamiento del problema y buscar oportunidades para reducir el flujo migratorio de manera sostenible.