¿Cómo beneficia el bolsillo de los guatemaltecos la nueva Ley de Tarjetas de Crédito?
La nueva normativa establece la regulación de las operaciones con tarjetas de crédito en Guatemala, especificando las relaciones entre emisores, afiliados y tarjetahabientes, así como los temas de intereses, pagos mínimos y convenios.
Esta ley impone derechos y obligaciones para estos grupos, y crea un régimen sancionatorio que incluye infracciones y delitos.
Una de las principales novedades es la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros (UPSF) dentro de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), donde los usuarios podrán presentar quejas relacionadas con problemas con emisores de tarjetas.
Las quejas deberán cumplir ciertos procedimientos previos, como haber presentado primero la queja ante el emisor.
Además, la ley permite que cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado actúen como emisores de tarjetas de crédito. Actualmente, hay 902 cooperativas de ahorro y crédito en Guatemala, de las cuales 705 operan con normalidad.
Cifras y régimen sancionatorio
Según datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), la deuda con tarjetas de crédito en entidades supervisadas se situó en Q43 mil 029 millones en julio de 2024, un aumento del 23.1% respecto al año anterior. La ley establece 13 infracciones que pueden ser leves o graves, imponiendo multas de hasta 55 salarios mínimos.
También se tipifican delitos como la clonación de tarjetas y el uso fraudulento, con penas agravadas dependiendo del cargo del infractor.
Intereses y pagos mínimos
Aunque la ley no fija un límite máximo a las tasas de interés, prohíbe la capitalización de intereses y establece que estos no se calcularán sobre comisiones o recargos.
Los emisores deben notificar con 45 días de anticipación cualquier modificación en la tasa de interés.
El pago mínimo mensual se calculará sumando el 2% del saldo pendiente, intereses y otros cargos, con nuevas reglas de gradualidad que se aplicarán a partir de marzo de 2025.
Protección y derechos del tarjetahabiente
La nueva normativa fortalece la protección al usuario al crear mecanismos de transparencia y claridad en la información sobre tasas de interés y otros costos asociados a las tarjetas de crédito. También exige que los emisores comprueben la capacidad de pago del solicitante antes de otorgar una tarjeta o aumentar su línea de crédito.
En pocas palabras
La ley busca establecer un equilibrio más justo entre emisores y usuarios de tarjetas de crédito, promoviendo mayor transparencia y supervisión, lo cual se espera que conduzca a un sistema financiero más equitativo y competitivo.