¿Cobraba comisiones ilegales? Diputado Julio Portillo podría perder su inmunidad
El Ministerio Público ha encendido las alertas políticas al solicitar que se retire el derecho de antejuicio al diputado Julio César Portillo Paz, representante de Zacapa en el Congreso de la República.
La petición fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad de ese departamento, y se basa en una denuncia que lo vincula con una serie de actos que podrían configurar delitos de abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
La Fiscalía contra la Corrupción señala que entre junio y diciembre de 2024, el legislador habría ejercido presiones indebidas sobre autoridades municipales para que los proyectos públicos fueran asignados únicamente a empresas de su elección.
La denuncia también lo acusa de exigir porcentajes específicos de estos proyectos: un 20% del monto de una obra en particular y el 10% de los contratos financiados por el Consejo Departamental de Desarrollo, a cambio de permitir su ejecución.
Pero los señalamientos van más allá de la simple interferencia.
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MP presenta solicitud de retiro de antejuicio por abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones ✅
La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción en Zacapa presentó ante el Juzgado de… pic.twitter.com/OumEAliewh
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 13, 2025
Según el documento presentado por el MP, Portillo habría condicionado la aprobación y desarrollo de obras públicas a que los proveedores adquirieran cemento exclusivamente de una empresa cuya representación legal estaría vinculada a familiares suyos.
La denuncia también advierte que, al no atender sus exigencias, el congresista supuestamente amenazaba con gestionar auditorías permanentes por parte de la Contraloría General de Cuentas contra las municipalidades involucradas.
Retiro de inmunidad
De autorizarse el levantamiento de la inmunidad, Portillo podría enfrentar un proceso penal que pondría a prueba no solo su credibilidad política, sino también la voluntad del sistema judicial para actuar contra el poder legislativo.
Por ahora, el futuro legal del diputado queda en manos del organismo judicial.
La decisión del juzgado determinará si se abre una investigación formal o si, por el contrario, se mantiene el manto de inmunidad que protege a los congresistas.