Captura de Ramiro Muñoz genera controversia en el ámbito judicial y político

La vocera del MP, María José Mansilla, explicó que la orden de captura contra Muñoz está relacionada con una investigación en curso que involucra su actuación durante su gestión en el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la captura ha sido vista desde otros sectores como un acto de intimidación con fines políticos.

Reacción del Gobierno

Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, calificó la captura como un acto de «amedrentamiento» por parte de «actores corruptos» que buscan influir en el sistema de justicia del país.

Durante la conferencia de prensa, Palomo mencionó que la captura de Muñoz se llevó a cabo «en la antesala de un acto protocolario previsto», refiriéndose a la toma de posesión de Muñoz como magistrado.

«Este es un claro acto de coacción que tiene como objetivo interferir en los procesos judiciales y en la independencia del poder judicial», añadió Palomo, quien señaló a jueces y fiscales que, según él, han sido «sancionados internacionalmente» y continúan operando dentro del sistema judicial guatemalteco.

Acusaciones de intervención política

La captura de Muñoz ocurre en un momento delicado para el sistema judicial guatemalteco, que ha enfrentado múltiples señalamientos de interferencia política en los últimos meses.

Algunos sectores afirman que el proceso contra Muñoz busca evitar que asuma un puesto clave dentro del poder judicial, lo que refuerza la narrativa de que la justicia está siendo utilizada como herramienta de represión política.

Ramiro Muñoz, quien fue electo magistrado de una Sala de Apelaciones por el Congreso de la República, debía asumir su nuevo cargo en las próximas horas. No obstante, su detención complica el panorama y abre interrogantes sobre la independencia del poder judicial en Guatemala.