B410 supera el caso La Línea con un fraude casi diez veces mayor
El Gobierno de Guatemala ha hecho publico un video en el que se compara el impacto del reciente caso de evasión fiscal B410 con el conocido caso La Línea.
El video, compartido en redes sociales, destaca las diferencias en los montos evadidos y las posibles obras públicas que podrían haberse financiado con los más de 300 millones de quetzales defraudados, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El #MegaFraudeTributario de Q300 millones es el caso más grande de evasión en la historia de Guatemala. 💸⚠️
Estamos revisando cada contrato del Estado, caiga quien caiga, para ponerle fin al fraude. 🧐
¡No permitiremos que la corrupción nos robe nuestro futuro! pic.twitter.com/GWxrgZigr8
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 22, 2024
Caso B410
El caso B410, calificado por el gobierno como un «megafraude tributario», involucra a 410 empresas acusadas de operar de manera irregular para pagar menos del 1% de los impuestos correspondientes.
En contraste, el caso La Línea, que reveló un escándalo de evasión de 37 millones de quetzales en el impuesto al valor agregado (IVA), es significativamente menor en comparación con el monto implicado en la red B410.
El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, indicó que el fraude en el caso B410 podría ascender hasta 800 millones de quetzales, dado que las auditorías están en curso.
Este monto es casi diez veces superior al defraudado en el caso La Línea.
El video destaca cómo el monto de 300 millones de quetzales podría haber beneficiado al Estado en diversas áreas.
Por ejemplo, con esa suma se podrían haber adquirido más de un millón de escritorios escolares, remozado 4,000 escuelas, comprado 120,000 computadoras para estudiantes, instalado 21 puentes Bailey para mejorar la infraestructura vial, y construido 100 centros de salud equipados. Además, se podrían haber proporcionado 50 millones de raciones de alimentos para alumnos de primaria y preprimaria.
El gobierno ha enfatizado que se está revisando exhaustivamente los contratos con los proveedores del Estado. La Comisión Nacional contra la Corrupción está a cargo de esta revisión, con la intención de garantizar que se tomen medidas contra los responsables del fraude, sin importar quiénes sean.