Autoridades y líderes comunitarios buscan salidas legales al conflicto por la hidroeléctrica Pasabién
En el departamento de Zacapa, la comunidad de Santa Rosalía Mármol y la empresa hidroeléctrica Pasabién continúan en el centro de un conflicto que ha generado tensiones durante varios años.
Para atender las demandas sociales y ambientales de la población, se llevó a cabo una nueva sesión de la mesa técnica interinstitucional, que reunió a representantes de instituciones del Estado, líderes comunitarios y autoridades locales.
El encuentro tuvo como eje principal la revisión de la situación legal y operativa de la empresa Inversiones Pasabién S.A., así como el análisis del impacto socio ambiental que sus operaciones podrían tener dentro del área de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas.
#LaRedInforma | La mesa técnica interinstitucional revisa la legalidad de la hidroeléctrica Pasabién, ubicada en la Sierra de las Minas. Se definirá si continúa o cesa operaciones en Santa Rosalía Mármol. pic.twitter.com/79qacgSqVz
— La Red (@Lared1061) October 17, 2025
Entre los temas discutidos se incluyeron las licencias vigentes, los permisos ambientales y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.
La diputada Carolina Orellana, presidenta de la mesa técnica, señaló que el proceso busca garantizar un diálogo transparente y la participación activa de los habitantes de la zona.
“Estamos avanzando hacia un consenso que permita tomar decisiones coordinadas entre el Estado y la comunidad, siempre dentro del marco legal y con respeto a los derechos de las familias afectadas”, afirmó.
Como resultado de la jornada, se acordó la elaboración de un cronograma de trabajo que permitirá dar seguimiento a las propuestas presentadas y definir acciones concretas en torno a la operación de la hidroeléctrica.
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Además, se programó una nueva reunión para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos y analizar la viabilidad de un dictamen técnico y legal que podría determinar el cierre o continuidad de la planta.
La mesa técnica también resolvió esperar la próxima sesión del Consejo de la Sierra, instancia que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las tierras donde se encuentra la hidroeléctrica.
Orellana reiteró que la prioridad es proteger los derechos de los más de 200 habitantes de la comunidad y asegurar que cualquier decisión se base en criterios de legalidad, sostenibilidad ambiental y justicia social.