¿A cuánto asciende el Presupuesto 2026 con la ampliación aprobada por el Congreso?
El Congreso de la República aprobó en la madrugada de este miércoles una ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 por Q9 mil 326 millones, cifra que permite restituir el techo de gasto que había sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Con este ajuste, el total del presupuesto para este año asciende a Q164 mil 163 millones.
La ampliación fue solicitada por el Ejecutivo tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 30 de diciembre de 2025, que dejó sin efecto la vigencia del presupuesto originalmente aprobado en noviembre pasado, obligando al Estado a operar con el monto vigente de 2025.
Con el nuevo techo, los fondos adicionales serán asignados a diversas carteras estatales y programas. Entre los principales beneficiarios figuran el Ministerio de Educación, que recibirá recursos para alimentación escolar, pago de personal y mantenimiento de infraestructura; y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que contará con mayor financiamiento para fortalecer la atención hospitalaria y la adquisición de insumos médicos.
También se contemplan recursos para el Ministerio de Gobernación, enfocados en el funcionamiento de la Policía Nacional Civil y acciones de seguridad, así como para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, destinados a obras viales. El rubro de Obligaciones del Estado, que cubre deuda pública, pensiones y otras obligaciones legales, también verá un aumento en sus fondos.
Congreso da luz verde a uso de fondos no ejecutados en Codedes
Además de la ampliación, los diputados introdujeron reformas legales que buscan flexibilizar la ejecución de los fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), eliminando la obligación de transferir el 100% de sus recursos a unidades ejecutoras y ampliando ciertos plazos administrativos.
Con este aval legislativo, el presupuesto del 2026 queda estructurado para brindar cobertura financiera a las principales funciones del Estado, aunque la forma en que se ejecuten y supervisen estos recursos seguirá siendo objeto de análisis entre autoridades y sectores críticos.
