80 millones para legalizar escuelas: ¿cómo se usará este presupuesto?
Un nuevo decreto impulsado por la diputada Lucrecia Marroquín busca transformar el panorama de la infraestructura educativa mediante la legalización de más de 35,000 centros escolares que carecen de certeza jurídica.
La propuesta pretende resolver, en un plazo estimado de cuatro años, un problema que por décadas ha frenado la inversión pública en escuelas.
El plan contempla la creación de una unidad especializada dentro del Ministerio de Educación, encargada exclusivamente de coordinar y agilizar los trámites que involucran a directores escolares, gobiernos locales, el Ministerio de Finanzas y otras entidades.
Para su ejecución se destinaron 80 millones de quetzales, fondos que serán utilizados en el levantamiento de información, procesos legales y acompañamiento técnico a cada establecimiento.
Marroquín destacó que este esfuerzo va más allá de un trámite administrativo. Con la regularización, las escuelas podrán acceder a recursos para reparaciones, ampliaciones y mejoras estructurales largamente postergadas. La diputada enfatizó que el éxito del decreto dependerá de la articulación institucional y del compromiso para ejecutar el proceso sin retrasos ni trabas.
