20 años de crisis: El sistema penitenciario guatemalteco al borde del colapso
El sistema penitenciario guatemalteco atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Así lo advirtió la licenciada María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), durante una entrevista con La Red 106.1, donde abordó con firmeza las carencias estructurales, la falta de planificación y el estancamiento de reformas urgentes que, por más de 20 años, han impedido una transformación real del modelo penitenciario.
“El sistema penitenciario es probablemente la crisis más grande que tiene este país”, afirmó Aceña, subrayando que el Estado nunca se preparó para el crecimiento exponencial de la población carcelaria, que pasó de 6,000 a más de 23,000 privados de libertad en apenas dos décadas.
Las cárceles del país solo cuentan con capacidad para unos 6,000 internos, lo que genera hacinamiento extremo, corrupción y descontrol dentro de los centros.
Según la experta, esta situación responde a una profunda falta de visión institucional: “Si usted no tiene una infraestructura adecuada para el sistema penitenciario, pasa lo que está pasando: centros que no resguardan ni rehabilitan”.
Además, criticó que los intentos por introducir un modelo penitenciario diferenciado —como el implementado en Fraijanes 1— no se han expandido, quedando como una excepción y no como una política nacional.
Para Aceña, la única vía viable para una reforma efectiva es una inversión significativa en nueva infraestructura, particularmente cárceles de alta seguridad, que permitan separar a los internos según su perfil de peligrosidad. “Los malos contaminan a los buenos”, advirtió, haciendo énfasis en que los criminales de alto riesgo deben estar completamente aislados.
La entrevistada lamentó la inacción del Estado respecto a varios proyectos carcelarios. Entre ellos, mencionó la construcción pendiente de prisiones en Matamoros y Mazatenango, esta última contemplada en el préstamo del Programa de Inversión en Infraestructura Económica (PIIE). A pesar de los planes, «no se ha puesto ni siquiera la primera piedra», dijo Aceña, aunque reconoció que actualmente se estudia una cárcel de máxima seguridad en Petén.
Una de las principales trabas para avanzar, según la especialista, es la actual Ley de Contrataciones del Estado, la cual considera inadecuada para atender proyectos de infraestructura penitenciaria. No obstante, rechazó la idea de exonerar a instituciones de la ley vigente, y propuso en su lugar una reforma específica para agilizar contrataciones de obra pública.
Aceña también se refirió al modelo de renovación impulsado por el gobierno actual, el cual considera un paso en la dirección correcta. Destacó el inicio de trabajos en el centro “El Infiernito” como una acción concreta, aunque insuficiente. “Se necesita reforzar el modelo, especialmente con los agentes penitenciarios”, señaló, al tiempo que llamó a mejorar la tecnología y fortalecer los controles de seguridad interna.
Durante 2023, según datos compartidos por la investigadora, se realizaron al menos 103 requisas en centros penitenciarios. Aunque reconoció que estas acciones son necesarias para extraer teléfonos y armas de las cárceles, insistió en que deben complementarse con herramientas tecnológicas y una profesionalización constante del personal penitenciario.
La investigadora abogó por un plan de mediano y largo plazo, que incluya proyecciones realistas sobre el crecimiento de la población penitenciaria. “No podemos seguir pensando que vamos a ser el país con menos privados de libertad, si las cifras muestran lo contrario”, enfatizó.
Aceña insistió en replicar el modelo aplicado en Fraijanes 1, el cual separa a los reclusos de baja peligrosidad, les ofrece trabajo y fomenta la rehabilitación. Actualmente, se está trabajando en la certificación de este modelo para su posible expansión a otros centros del país, aunque, nuevamente, advirtió que sin presupuesto y sin infraestructura, todo plan quedará estancado.
“Lo que le toca al gobierno ahora es poner en el presupuesto mayor infraestructura y reforzar su modelo de renovación”, concluyó. Para Aceña, sin un compromiso político real y recursos concretos, el país seguirá repitiendo un ciclo de promesas sin resultados y perpetuando una de las crisis más graves del sistema de justicia guatemalteco.