¡118 votos a favor! Congreso aprueba la Ley de Infraestructura Vial
En una sesión que se extendió hasta cerca de la medianoche del 12 de noviembre, el Congreso de la República aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria con 118 votos a favor.
Esta nueva normativa establece un mecanismo innovador para la contratación de proyectos viales, permitiendo pagos escalonados a las empresas involucradas hasta la finalización de los proyectos.
La ley busca dar un impulso significativo a la infraestructura del país y de la región, regulando la modalidad de contratación y la identificación de proyectos viales de alta prioridad, según lo especifica en su primer artículo.
Para garantizar su implementación, se creará la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), un organismo adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con independencia funcional, técnica, administrativa, económica y financiera.
Funciones de la nueva dirección
La DIPP tendrá un papel clave en la planificación, desarrollo y conservación de la infraestructura vial.
Sus responsabilidades incluyen la supervisión, precalificación de empresas y la evaluación continua de los proyectos.
La entidad estará conformada por un Directorio y una Gerencia, presididos por el ministro de Comunicaciones y con la participación de autoridades de Finanzas Públicas, Economía, y representantes de entidades como el Colegio de Ingenieros y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, entre otros.
El principal objetivo de la DIPP será asegurar el desarrollo eficiente de proyectos viales prioritarios, con la supervisión de los recursos y la ejecución de los trabajos.
Para esto, contará con un Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fopiv), el cual manejará los bienes, derechos y obligaciones relacionadas con la infraestructura vial.
Los recursos provendrán del presupuesto estatal, asignaciones específicas y posibles financiamientos a través de deuda pública.
Plan a largo plazo
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la creación del Plan de Infraestructura Vial Prioritaria, diseñado con una proyección de 30 años y revisado cada cinco años.
Este plan guiará la ejecución de los proyectos, que se llevarán a cabo bajo modalidades de contratación ajustadas a las normativas actuales, con licitaciones abiertas para fomentar la competencia internacional.
La ley también impone un límite de 30 años para los contratos de infraestructura, incluyendo cualquier modificación.
La Dirección será responsable de evaluar periódicamente el estado de las obras y remitir informes al Ministerio de Comunicaciones, Finanzas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y al Congreso.
Proyectos clave
Entre los proyectos viales prioritarios contemplados por la ley figuran la ampliación y mejora de rutas de importancia estratégica, como la CA-1 Oriente, la CA-2 Occidente, la CA-8, la CA-9 Norte y Sur, la CA-9 Norte hasta la frontera de Corinto, y la CA-14.
Estos proyectos incluyen trabajos de ampliación, rehabilitación, operación, uso, mantenimiento y conservación.
Además, la ley permite la identificación y expropiación de inmuebles necesarios para establecer los derechos de vía, conforme al Decreto 1000 del Congreso.